La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha impuesto sanciones a cuatro servidores públicos del Gobierno Central, específicamente a la Caja del Seguro Social y a la Autoridad Nacional de Descentralización, tras constatarse graves incumplimientos al Código de Ética de los Servidores Públicos.
En octubre de 2024, esta Autoridad recibió una denuncia contra un funcionario de la Caja del Seguro Social, señalando que el mismo se encontraba legalmente inhabilitado para ejercer funciones públicas. Tras un proceso de verificación exhaustivo, que incluyó la revisión de documentación proveniente tanto de la Caja del Seguro Social como de la Corte Suprema de Justicia, se confirmó que dicho servidor fue contratado en el año 2021 y se encuentra inhabilitado para ejercer funciones públicas desde el mes de octubre de 2023 hasta el mes de octubre de 2026. Ante esta grave falta, la ANTAI recomendó su destitución inmediata y remitió el expediente a las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las investigaciones penales correspondientes.
La ANTAI también atendió dos denuncias contra funcionarias de la Caja del Seguro Social y una de la Autoridad Nacional de Descentralización; quienes, incurrieron en violaciones a los principios de Obligatorio Cumplimiento, Prudencia y Uso Inadecuado del Tiempo de Trabajo, conforme a lo establecido en los artículos 1, 4 y 24 del Decreto Ejecutivo que rige el Código de Ética. Toda vez que las mismas realizaron viajes al extranjero durante los días que debían permanecer bajo reposo, según las incapacidades presentadas por ellas para justificar su ausencia laboral, hecho constatado por el Servicio Nacional de Migración.
Cabe destacar que una de las funcionarias que laboraba en la Caja del Seguro Social estuvo ausente del país por aproximadamente tres meses. Durante ese tiempo, le fueron expedidas incapacidades médicas en el territorio nacional. Lo anterior le dio a la funcionaria una ventaja injustificada, al recibir el pago de salarios sin cumplir con el desempeño de sus funciones, gracias a la presentación de documentación médica posiblemente irregular. Por lo anterior, la ANTAI recomendó su destitución y remitirá copias autenticadas de la investigación a las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, para que se inicien las correspondientes investigaciones penales.
